Yovanny Prieto, abogado columnista de EL IBAGUEREÑO.
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| 2018/01/04

Uno de los hechos más vergonzosos ocurrido en la administración de justicia colombiana, ha sido el denominado “cartel de la toga”, en el cual, varios funcionarios, entre ellos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se habrían concertado para beneficiar en sus decisiones a excongresistas y exgobernantes a cambio de dadivas millonarias.

Suena increíble, pero todo se supo a través del sistema de administración de justicia estadounidense, sin quedarle otra alternativa a la Fiscalía General de la Nación y a los Jueces de la República colombianos, que iniciar investigaciones y proceder con medidas de aseguramiento que hasta el momento tienen privados de la libertad al Exmagistrado Francisco Ricaurte, al Senador Musa Besaile y al Exfiscal Anticorrupción Luis Bernardo Moreno, próximo a ser extraditado.

Este hecho no ha sido el único que recientemente ha dejado entrever una serie de novedades en esta rama del poder público, en la cual más del 99% de sus funcionarios son trabajadores y honestos, por ello, mal se haría en generalizar situaciones tan particulares y menospreciar la ardua tarea desarrollada con tan pocos recursos.

Audiencias judiciales falsas

En abril de 2017 fueron capturados los integrantes de una banda delincuencial, quienes durante cinco años en el propio edificio José Félix de Restrepo de Medellín, que opera como Palacio de Justicia, celebraron falsas audiencias judiciales con la finalidad de engañar a ingenuos, quienes al observar semejante teatro, quedaban convencidos en ser beneficiarios de remates judiciales. Según la Fiscal Claudia Carrasquilla, durante los años 2011 y 2016, estafaron a más de 25 personas por una suma que asciende a 2.400 millones de pesos.

La banda estaba conformada por una supuesta Juez que en verdad era ama de casa, aparentes abogados y hasta secretario para un total de cinco integrantes, siempre con el mismo modus operandi, una viuda que iba a perder sus bienes. Por estos hechos también se le dio captura a un funcionario judicial encargado de adecuar la sala de audiencias cuando los demás compañeros salían del lugar.

Por tutelas se desfalcó a Ecopetrol

En agosto de 2017 se dictó sentido de fallo condenatorio en contra del Juez tercero laboral de Cúcuta Samuel Darío Rodríguez Duarte, quien ya estaba privado de la libertad por ser parte de una red que mediante fallos en acciones de tutela totalmente improcedentes. Rodríguez se encargó de desfalcar a Ecopetrol mediante reconocimiento de mesadas pensionales para antiguos empleados de la empresa más importante de Colombia.

Las acciones de tutela proferidas en el año 2011 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cúcuta, sala laboral, situación que llevó a la detención de un magistrado y se emitió orden de captura para otro que sigue prófugo de la justicia.

Este escenario causó un detrimento patrimonial a las arcas del Estado que entre otros casos, ascendió a la suma de 134.000 millones de pesos.

Juez capturado recibiendo sobornos

El 19 de noviembre de 2017, Germán Javier Giraldo Herrán quien se desempeñaba como Juez Penal del Circuito de Fusagasugá – Cundinamarca, fue capturado en flagrancia cuando recibía 900 millones de pesos que exigía para favorecer la decisión en un caso. Por este hecho aceptó el cargo de concusión y le otorgaron detención domiciliaria mientras termina el proceso penal. Es de resaltar que conforme a publicación de Noticias RCN, en el año 2014 cuando se encontraba en La Mesa – Cundinamarca, el mismo Juez iba de copiloto en un vehículo que iba a ser inmovilizado procediendo a insultar a los Policías que hacían un retén, haciendo alarde de su condición de Juez especializado, todo esto quedó grabado en cámaras.

A estos casos, debe sumársele el escándalo acontecido en la Corte Constitucional, cuando el magistrado Jorge Pretelt fue acusado de favorecer con la revisión de una acción de tutela a la empresa Fidupetrol, proceso que sigue pendiente de una eventual condena.

El 10 de julio de 2017, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, informó que desde el 2008 al 2017, se han destituido 137 jueces, 4 magistrados y 3 conjueces, al ser declarados responsables en faltas disciplinarias y en la comisión de delitos.

Estas situaciones, y entre otras, son competencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, entidades que se han quedado cortas para llegar al fondo de cada caso y establecer responsabilidades en todos los niveles, circunstancias que acaban con la imagen de miles de empleados que conforman la rama judicial y la pérdida de confianza del ciudadano.

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