La contrarreforma del uribismo a la paz

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El partido de Uribe quiere derogar o modificar varios de los decretos-ley expedidos por el presidente Santos en uso de facultades especiales.

El expresidente Álvaro Uribe y algunos de los miembros de la bancada del Centro Democrático. / Gustavo Torrijos – El Espectador

En la recta final del último período constitucional del Congreso en el cuatrienio 2017-2018, el uribismo no piensa sacar el pie del acelerador y la afrenta al Gobierno ya está garantizada. Eso quedó marcado durante la instalación de la nueva legislatura, el pasado jueves: apenas avanzaban unos segundos del discurso de instalación de sesiones por parte del presidente Juan Manuel Santos en el salón Elíptico del Capitolio, cuando el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe iniciaba un “antidiscurso” que quedó plasmado en 42 trinos en su cuenta de Twitter.

Fue una declaratoria que contradice dichos populares. Una confirmación de que aquella guerra que finaliza en el campo no tiene intenciones de terminar en la arena política y mucho menos en las redes sociales. Así escampe mil veces por allá, por acá va a seguir lloviendo y las aguas de ese diluvio inundarán con seguridad las calles de la contienda política en 2018, que se prevé más sucia que las de 2010 y 2014.

La implementación del Acuerdo de Paz con las Farc sigue siendo el objeto del que el uribismo quiere ser talanquera. Por eso, una de sus primeras acciones legislativas en este nuevo período será pedir, a través de varios proyectos de ley, que se modifiquen o se deroguen cinco de los 34 decretos que el presidente Santos, en uso de facultades extraordinarias, expidió para acelerar la implementación.

El hecho ya había sido anunciado el pasado 21 de junio por el senador Jaime Amín, del Centro Democrático, quien señaló que el Congreso había sido “muy complaciente con el crimen” y que se ampararían en el artículo 150 de la Constitución para hacer las modificaciones necesarias, ya que esta da el poder al Legislativo para “en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias”. (Lea: Los decretos más polémicos para implementar el acuerdo con las Farc)

En esa oportunidad, Amín dijo que un gobierno del Centro Democrático no haría trizas los acuerdos, pero sí acudiría a los mecanismos constitucionales para “corregir” lo que consideran “concesiones a criminales”. “Esta última legislatura debería servir para reflexionar sobre el papel secundario y casi notarial que ha tenido el Congreso sobre los desarrollos normativos del Acuerdo. Ojalá con estos cinco primeros proyectos se reabran debates que nunca se dieron, porque el Gobierno no permitió que el país conociera los alcances reales de lo decretado”, enfatizó.

Las modificaciones propuestas se aplicarían sobre los decretos 903, 902, 898, 890 y 888. En ese orden, el primero se refiere al que dicta las disposiciones para la realización del inventario de bienes de las Farc, la creación del fondo de víctimas y la destinación de esos recursos para la reparación y la implementación de los programas que contempla el punto 3.2.2 del Acuerdo de Paz.

Para el senador Honorio Hernández, también uribista, ese decreto no especifica los porcentajes que corresponderán a las víctimas, lo que “permite inferir que el mayor porcentaje de bienes y activos será destinado a sus propios miembros (de las Farc), de allí que se haya catalogado este decreto como la operación de ‘lavado de activos’ más grande de este grupo narcoterrorista”.

Entre las propuestas de cambio están la de modificar la finalidad del fondo para que los recursos vayan exclusivamente a las víctimas, que el inventario de bienes sea revisado por víctimas y oposición, que el ocultamiento de bienes tenga como sanción la exclusión de la justicia transicional y que una comisión del Congreso tenga control sobre la fiduciaria que administrará esos recursos.

En cuanto al decreto 902, que busca agilizar la implementación de la Reforma Rural Integral, los reparos de la oposición se encaminan a una supuesta extralimitación de facultades por parte del presidente al pretender “tramitar un tema tan sustancial como lo es el ordenamiento de la propiedad rural, vía decreto-ley”.

Argumentan los uribistas también que el decreto no cumple con el requisito de “estricta necesidad” y que tan solo se fundamenta en “la necesidad de implementar un procedimiento eficaz para la protección efectiva de los derechos de los campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras a la tierra” y en que “la irregularidad e informalidad en la propiedad de la tierra deben ser atendidas de manera urgente en zonas de conflicto, como una especial garantía de no repetición (…)”.

Respecto del decreto 898, que crea en la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para enfrentar organizaciones criminales que atenten contra organizaciones sociales, los reparos para pedir la derogación consisten en señalar que el ente acusador ya cuenta con esas funciones, por lo que no es necesaria.

Agregan que algunas de las funciones de esa nueva unidad conllevarían a que se inicie una persecución en contra de la oposición, que habría problemas de subordinación y que el hecho de que el Tribunal de Paz sea el que terne al director de esa nueva entidad sería “una intromisión indebida de la Jurisdicción de Paz en las labores de la jurisdicción ordinaria”.

En cuanto al decreto 890, que dicta disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, aunque se señala que no se encuentra con nada que “riña con normas constitucionales, salvo aquellas que puedan provenir de una declaratoria de inconstitucionalidad parcial o total de los acuerdos”, la propuesta de modificación es la de agregar un parágrafo al artículo 6° que indique que, en caso de que haya beneficiarios en un mismo territorio, sean las víctimas, los pobres extremos y las mujeres cabeza de familia quienes tengan prevalencia frente a los reincorporados a la vida civil.

Finalmente, se apunta al decreto 888, que crea una unidad especial en la Contraloría para hacer seguimiento a todo lo que tenga que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. La oposición considera que se generará un incremento en el presupuesto para el funcionamiento de ese organismo, por lo que proponen modificaciones para que se mantenga la política de austeridad.

Uno de los cambios sería que no se cree la Unidad Delegada para el Posconflicto, sino un Grupo Especial Funcional para que las labores de ese departamento puedan ser desempeñadas por funcionarios de alto nivel sin la necesidad de crear puestos de trabajo cuyo funcionamiento se cargue al presupuesto de la Contraloría.

Hay que aclarar, sobre todo en este caso de los decretos, que más allá de un bloqueo radical, algunas de las modificaciones podrían sonar sensatas. No obstante, los debates significarían demoras en la implementación del Acuerdo cuando el Gobierno, que está a pocos días de iniciar su último año, tiene el tiempo en su contra y el mecanismo de fast track funciona hasta este diciembre. El mensaje del uribismo, en pocas palabras, es que la vía no está libre para hacer cualquier cosa con el pretexto de la paz, por lo que tampoco hay claridad si sólo serán estos cinco decretos los que se buscará modificar o si será una acción recurrente en la legislatura que cerrará los ocho años del gobierno de Santos.