El 14 de Octubre del año pasado La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgar el premio nobel de economía a Daron Acemoglu, Simon Jhonson y James A. Robinson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y en qué medida estas afectan la prosperidad de los países.
Por: Santiago Barreto Triana.
Contrario a otros teóricos que proponen que el origen de la prosperidad y la pobreza de los países está explicado por aspectos como la ubicación geográfica y los recursos naturales del territorio, las características culturales particulares de la población y/o el nivel de conocimientos de los gobernantes que ejercen el poder; los ganadores del nobel sostienen que la raíz de la pobreza y la prosperidad de los países se encuentra en la naturaleza de sus instituciones, puesto que hay varios ejemplos de países que comparten características geográficas, naturales y culturales muy similares, donde sus gobernantes tienen las mismas oportunidades de acceso al conocimiento, pero que tienen niveles de prosperidad y pobreza opuestos.
En el libro “Porque fracasan los países: el origen del poder, la prosperidad y la pobreza” publicado por Acemoglu y Robinson, se plantea que durante la época de la colonización europea se marcaron distintos rumbos para los países colonizados en función del diseño y la naturaleza de sus instituciones.
Puesto que en los lugares donde se encontraron grandes riquezas minerales y población indígena con una organización social bajo un mando de autoridad centralizado, implantaron un modelo de instituciones políticas y económicas excluyentes que buscaban solo beneficios de corto plazo para enriquecer a unas minorías a partir del trabajo forzado de las mayorías. Mientras que donde no encontraron estas riquezas ni este tipo de organización social, crearon instituciones políticas y económicas incluyentes que buscaban beneficios a largo plazo y sostenidos en el tiempo, con incentivos que promovieran la inversión, la adopción de tecnología y la innovación a partir del trabajo de toda la población.
Como resultado de esta investigación, se encontró que los países pobres tienden a tener la primera clase de instituciones y los ricos las segundas. Pero, además, se determinó que aunque los países con instituciones excluyentes están condicionados a ser pobres; no están condenados a serlo por siempre. Pues si se hace una transición a través de un proceso político hacia instituciones incluyentes, se puede empezar a recorrer el camino de la prosperidad.
En ese sentido, son las instituciones las que se encargan de moldear la sociedad a su imagen y semejanza a través de la administración de los recursos de los territorios, la generación de incentivos para fomentar la iniciativa privada, la inversión, el trabajo y la producción de bienes y servicios; así como de garantizar la seguridad, la justicia y hacer el control de los tributos e impuestos. Es decir, definir los derechos, deberes, libertades y restricciones de la población con el fin de organizar y orientar el comportamiento de los individuos en términos económicos, políticos, sociales y ambientales.
En nuestro caso, Colombia tiene una ubicación geográfica estratégica privilegiada, grandes riquezas de recursos naturales y culturales, una fuerza laboral talentosa y trabajadora; pero lamentablemente persisten grandes brechas de desigualdad social y económica. Pues, el país tiene una población total aproximada de 50 millones de habitantes donde más de 16 millones de personas viven en condición de pobreza monetaria con menos de $14.512 al día y aún carecen de muchas necesidades básicas insatisfechas. Esto sin contar los millones de compatriotas que se han visto forzados a irse del país en busca de oportunidades que acá no encuentran.
Considerando lo anterior, el gobierno nacional debería tener presente las recomendaciones de los nobel de economía para intentar salir de la situación en la que llevamos durante tantos años y hacer algo distinto por medio de una verdadera transformación institucional incluyente que nos permita avanzar hacia la descentralización para que las regiones tengan más autonomía política, administrativa, fiscal y presupuestal haciendo uso de los conocimientos y tecnologías del siglo XXI.
Un paso importante que se ha dado en este sentido es la aprobación en el Congreso de la Republica del Proyecto de Acto Legislativo 018 en Senado y 437 en Cámara de 2024 por el cual se reforma el Sistema General de Participaciones (SGP) donde se abre la posibilidad de que Colombia inicie un proceso de transformación institucional incluyente para que las regiones se puedan desarrollar de acuerdo a las necesidades, fortalezas, vocaciones y potencialidades de sus distintos territorios. No obstante, la reforma al SGP entrará en vigencia solo cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias que asignara mayores responsabilidades a las entidades territoriales.
El país no puede dejar pasar esta gran posibilidad de que los municipios, distritos y departamentos pasen de recibir poco más del 20% de los ingresos corrientes de la Nación a recibir el 39,5% de estos ingresos durante los próximos 12 años de manera gradual a partir del 2027. Unir a toda la Nación entorno a la construcción de un propósito común para transformar el modelo de Estado Centralizado y Presidencialista en uno de Autonomía Regional debe ser el proyecto país para la Colombia del siglo XXI. Un proyecto gradual y progresivo que tenga en cuenta la heterogeneidad y asimetría de las regiones para mantener la cohesión de la Nación entorno a la equidad Poblacional, la inclusión Territorial y la responsabilidad fiscal.