Hablando de los impactos de la apertura y de los riesgos de los TLC con sus importaciones, hace unos años un campesino boyacense me dijo: “primero nos quitaron el trigo y la cebada.
Por Jorge Enrique Robledo.
Me pasé a la leche. Si me quitan la leche me quitan la vaca y si me quitan la vaca me quitan la tierra”. Y la preocupación de ese campesino se está volviendo realidad, según me explicaron el viernes pasado los directivos de Asogaboy, la Asociación de Ganaderos de Boyacá.
Porque varias de las empresas que compran y procesan leche en Boyacá y Cundinamarca anunciaron que en los próximos días dejarán de comprarla en todo o en parte de los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, Maripí, Buenavista, Briceño, Caldas, Simijaca, Susa, Fúquene y Guachetá, con lo que avanza el temido proceso del campesino de esta historia.
Y ese día en el parque de Chiquinquirá protestaron campesinos y pequeños empresarios de la leche de Saboyá, que llegaron a pie o en carros, y en sus discursos le exigieron al gobierno de Gustavo Petro una inmediata solución a su problema, empezando porque les sigan comprando la leche y se renegocie o denuncie el TLC con Estados Unidos.
Las cosas están tan mal en todo el país y la desatención del gobierno nacional es tanta, que hasta se están botando leches para las que no hay compradores y este domingo habrá una asamblea virtual de dirigentes de ocho asociaciones departamentales de ganaderos. Porque también ocurre que los procesadores y los comercializadores se las pagan a precios de pérdida, les eliminan rutas de compra, les cierran los centros de acopio, les fijan volúmenes máximos de venta y les eliminan las bonificaciones, todo en contra de 300 mil familias de ganaderos de la leche regadas por el país.
La depresión de los precios de compra y que no haya a quién venderle la leche se explica por dos razones principales. Porque hay un relativo exceso de producción frente a la capacidad de compra de unos consumidores empobrecidos desde la pandemia y porque este año Colombia está importando más de 70 mil toneladas de leche en polvo, que se convierten en 600 millones de litros.
Nuestros lecheros no pueden competir con los de Estados Unidos porque ese país subsidia a su agro con 50 mil millones de dólares cada año –veinte veces más que Colombia–, plata que les llega a sus productores de leche en las proporciones que sean necesarias para sostener las lecherías, bastante más tecnificadas y productivas que las colombianas.
Y agravará lo que ocurre que los lecheros colombianos todavía no han sido sometidos a toda la presión de los ganaderos y exportadores estadounidenses, porque las importaciones crecerán aún más en 2025 y no tendrán límites a partir de 2026 cuando, por las cláusulas del TLC, habrá libre ingreso de leche y lácteos al país, con un impacto muy duro para Colombia.
Por su parte, Gustavo Petro, que ganó la presidencia prometiendo renegociar el TLC con Estados Unidos, a los tres días de su posesión, a través de su ministro de Comercio, señaló que ya no lo renegociarían, decisión que esta semana ratificó el nuevo ministro de esa cartera. “Prometer para conseguir y una vez conseguido olvidar lo prometido”, enseña la politiquería nacional, de la que hace tanta gala este gobierno.
Gustavo Petro, que tanto se ufana de ser amigo de los campesinos, no puede seguir dejando a los de la leche abandonados a su suerte y a este doloroso futuro. También porque está en juego la soberanía alimentaria, soberanía nacional a la que es un crimen renunciar.